Puerto Rico adelantará el cierre de 284 escuelas para agosto por crisis económica

San Juan, PR.- El Departamento de Educación de Puerto Rico anunció este jueves el cierre de 284 de las 1.112 escuelas del sistema público de enseñanza en agosto próximo, fecha en la que arrancará el siguiente semestre académico, como parte del plan para enfrentar la crisis económica que atraviesa la isla.

Así lo informó este jueves en un comunicado de prensa la secretaria de Educación, Julia Keleher, al detallar que el sistema permanecerá con 828 escuelas en sus siete regiones.

En enero pasado, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y Keleher habían anunciado que el Gobierno iba a clausurar 305 escuelas en los próximos cinco años, según el plan fiscal para el periodo 2019-2022 del jefe del Ejecutivo.

“Sabemos que se trata de un proceso difícil y doloroso. Por esto, se ha hecho de la forma más sensible posible tomando en consideración todos los elementos que pudiera afectar el diario vivir de algunas familias y de las comunidades escolares en general”, expresó Keleher.

A pesar del cierre de las escuelas, Keleher aseguró que ningún maestro será despedido, pero sí trasladado a otra escuela “donde su presencia será vital para un aumento significativo en el aprovechamiento académico de los alumnos y un mejor servicio a las comunidades escolares”.

En cuanto a los maestros, en enero pasado, Rosselló y Keleher mencionaron que el Departamento de Educación contaba con 32.119 de ellos, una cantidad que se reducirá a 24.776 en los próximos cinco años, una reducción considerable de 7.343 educadores.

El cierre de las escuelas, detalló Keleher, se debe también a la reducción de 38.762 estudiantes desde mayo de 2017 y que se agravó tras el paso del huracán María en septiembre pasado.

Por ello, según Keleher, el cierre de las escuelas asegurará una asignación de fondos que permitirá a los estudiantes contar con los materiales y la facultad completa que necesitan y merecen.

Keleher dijo además que le pedirá a los alcaldes de los municipios que sometan propuestas para las escuelas que se quedarán en desuso y convertirlos en centros de actividades para sus comunidades.

“Solo les pido que confíen en este equipo de trabajo que ha demostrado su compromiso con los niños y niñas de todo el sistema educativo. Hemos trabajado y seguiremos trabajando arduamente para cumplir con todas esas metas trazadas a través de diversas alternativas”, afirmó la titular de Educación.

Todo este plan es para cumplir con la ley 3-2017, “Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.

Esta ley decreta que las agencias tomen las medidas temporales de emergencia necesarias para lograr que el Gobierno de Puerto Rico siga operando y ofreciendo los servicios esenciales a la ciudadanía, por lo que se procederá a maximizar los recursos del Departamento de Educación ante la realidad fiscal que vive el país.

“Nuestros niños y niñas merecen la mejor educación que seamos capaces de darles tomando en cuenta la realidad fiscal de Puerto Rico. Por esto, trabajamos duro para desarrollar un presupuesto que nos permitirá enfocar los recursos en necesidades del estudiante y mejorar la calidad de la enseñanza”, añadió Keleher

“Vamos a darle prioridad a la compra de materiales y consolidar fondos estatales para hacer reparaciones en los planteles dado que FEMA no ha empezado a cotizar reparaciones permanentes. Esto nos dará el espacio para continuar la transformación del sistema”, añadió.

La decisión para cerrar las escuelas fue tomada por factores individuales o combinados, tales como: matrícula, bajo por ciento de utilización de su capacidad de espacio, condiciones de la planta física, zonas de incidencia criminal, distancia, accesibilidad, aprovechamiento académico y servicios a estudiantes de educación especial.

Puerto Rico afronta una deuda millonaria que ronda los 70.000 millones de dólares y una década de profunda crisis económica, lo que llevó al Gobierno de EE.UU., del que la isla es estado libre asociado, a crear una Junta de Supervisión Fiscal para controlar la situación.

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